NUEVO MODELO POLICIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA
Introducción general
En Socialismo Democrático hemos empezado a ponderar que ha llegado el momento de contribuir, desde la sociedad, a construir desde abajo una visión hacia el futuro. Por tal motivo, hemos decidido someter al debate público, a la consideración y la deliberación de las y los ciudadanos jaliscienses, al análisis y a la crítica de las organizaciones de la sociedad, este conjunto de reflexiones y propuestas que pudieran eventualmente integrar el andamiaje de una Agenda Progresista para Jalisco, en el entendido que su aplicación debe tomar en consideración que están diseñadas unas para el corto, otras para el mediano y algunas más para el largo plazo, pero también para los niveles estatal y municipal, y algunas incluso, para el nivel federal. Consideramos, que el núcleo fundamental de estas propuestas, cuando menos los conte- nidos comprendidos en los capítulos denominados “Carta de Derechos”, “Ciudadanía, Democracia Representativa y Democracia Participativa”, “Nueva arquitectura institucional”, “Estado social”, y, “Combate a la corrupción y la impunidad”, deberían desembocar en una inaplazable reforma constitucional integral al texto vigente, inspirada en un espíritu progresista, y sustentada en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, la cual, en caso de ser aprobada por el cuerpo legislativo, debería someterse a la consideración de los ciudadanos en un referéndum ratificatorio o revocatorio de las reformas o adiciones correspondientes, utilizando la figura de la democracia participativa de Ratificación Constitucional.
Una tarea de tal dimensión sólo será posible si se logra articular una nueva mayoría social y política en la entidad, que modifique de manera sustancial el rumbo que en los hechos le ha impuesto una alianza política de facto, la coalición encabezada por Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional. En consecuencia, para hacer posible, desde la sociedad, un nuevo rumbo compartido, se requiere la más amplia convergencia de fuerzas progresistas, partidarias de la democracia, la igualdad y la sustentabilidad. Esta es nuestra perspectiva, estas son nuestras reflexiones y propuestas.
El 27 de mayo de 2019 fue publicada en el Diario Oficial de la Fede- ración la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. En ella, se especi- fican las reglas generales que norman el accionar de los agentes de los cuerpos policiacos al realizar detenciones, enfrentar a los delin- cuentes o atender las manifestaciones públicas de los ciudadanos. Esta normatividad, de carácter federal, es aplicable para todas las policías del país, la Guardia Nacional o incluso para las fuerzas ar- madas cuando accionan en labores de seguridad pública o en apoyo de las policías. Aunque la legislación no incluye el derecho de las víctimas a una indemnización por el uso excesivo de la fuerza por parte de las corporaciones policiacas, como lo han propuesto algunas organizaciones de derechos humanos, es la primera vez que México cuenta con una ley cuyo propósito central es evitar que se sigan cometiendo abusos por parte de la autoridad.
Las motivaciones que condujeron a la aprobación de esta nueva normatividad, por el Congreso de la Unión, se derivan de la larga historia de detenciones arbitrarias, torturas, y aún desapariciones forzadas que han ensangrentado al país donde han intervenido cuerpos armados del Estado, como una herencia ominosa del viejo régimen político autoritario. Como se establece en el artículo 5 de la norma federal, “El uso de la fuerza se hará en todo momento con pleno res- peto a los derechos humanos”; y, en su artículo 4 se establece que el uso de la fuerza se regirá por los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y, rendición de cuentas y vigilancia. Los procedimientos para el uso de la fuerza, definidos con precisión en el Capítulo III del ordenamiento legal, establecen con claridad los protocolos que enmarcan la acción de los cuerpos policiacos.
Los sucesos del 4, 5 y 6 de junio de 2020, durante las protestas juveniles para exigir justicia por la muerte del joven Giovanni López a manos de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, nos revelaron la persistencia de añejos problemas estructurales que sexenio tras sexenio se han evidenciado en el desempeño de los cuerpos policiacos y la política de seguridad pública de Jalisco. Por su actuación se puede arribar a la conclusión de que en las policías de Jalisco no se han aplicado los procesos de capacitación y profesionalización como lo establece el Capítulo X de la Ley Nacional
sobre el Uso de la Fuerza. Por lo tanto, lo que hoy se necesita es empezar a transformar de raíz la seguridad pública, y para ello se requiere un nuevo modelo policial, en todos los niveles y dependencias, municipales y estatales, que empiece por una selección rigurosa de sus integrantes, con perfiles éticos y psicológicos para el ejercicio eficaz de sus funciones, alejados de pulsiones autoritarias y discriminatorias y que tengan como principio esencial el acatamiento pleno de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
El Gobierno de Jalisco y los ayuntamientos de la entidad, están emplazados a emprender una nueva ruta en la política de reconstrucción de los nuevos cuerpos de seguridad pública que los ciudadanos de Jalisco necesitan, que empiece por una reforma policial. A estas alturas, está demostrado que no bastan las pruebas de control y confianza para garantizar cuerpos policiacos que cumplan con altos estándares de profesionalismo. Se necesitan generar procesos de formación continua en materia de democracia y derechos humanos, desterrar añejas prácticas de prepotencia en el uso desmedido de la fuerza entre sus filas y todo rasgo de autoritarismo y discriminación; instaurar la cultura de rendición de cuentas ante una sociedad democrática cada vez más vigilante, exigente y activa; establecer controles internos y externos, profesionales, para dar seguimiento al desempeño de sus integrantes; institucionalizar una capacitación técnica y operativa pertinente y actualizada; avanzar en la homologación en salarios y prestaciones, así como combatir de raíz cualquier signo de corrupción, impunidad o colusión con el crimen organizado.
La seguridad pública en la entidad no puede seguir dependiendo de la presencia de la Guardia Nacional, dedicada principalmente a perseguir a los delincuentes responsables de los delitos del orden federal, sin que los gobiernos estatal y municipales hagan lo propio con quienes cometen delitos del orden común. Desde ahora Jalisco debe encaminarse hacia la construcción de una nueva política de seguridad ciudadana; pero, para ello, se debe partir de la profesionalización de sus cuerpos policiacos. Ante tales consideraciones, nos permitimos hacer algunas propuestas iniciales, de lo que pueden constituir los primeros pasos para una nueva política, centrada en la profesionalización de los cuerpos policiacos:
1. Reformar la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus municipios, la Ley contra la Delincuencia Organizada del Esta- do de Jalisco y la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, bajo el enfoque de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y lo que establecen los Tratados Internacionales en la materia.
2. Transformación de la actual Academia de Policía en un instituto estatal de capacitación y profesionalización de cuerpos policiacos de Jalisco, cuyo currículum base defina el perfil de egreso de los nuevos policías, los cuales deben cumplir con estándares nacionales e internacionales, en particular con los procesos de capacitación y profesionalización establecidos en el Capítulo X de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza: derechos humanos, no discriminación, perspectiva de género, principios para el uso de la fuerza, adiestramiento en medios, métodos y técnicas para el control físico, adiestramiento en el empleo de armas menos letales, código de conducta de los servidores públicos, ética y doctrina policial, responsabilidades jurídicas derivadas del uso de la fuerza, actuaciones previas, durante y posteriores al uso de la fuerza, actuación policial en caso de detenciones, primeros auxilios y asistencia médica de emergencia, medios y métodos de solución pacífica de conflictos; manejo y control de multitudes, manejo y traslado de personas detenidas o sujetas a proceso, manejo de crisis, estrés y emociones.
3. Creación de la carrera policial, que defina criterios precisos para el ingreso, formación, evaluación, permanencia, reconocimiento, certificación y separación de las y los integrantes de las instituciones de seguridad ciudadana; como por ejemplo, la idoneidad del grado de escolaridad, los perfiles éticos y psicológicos adecuados a la profesión y la ausencia de signos de pulsiones autoritarias y discriminatorias. Las promociones de grado deben corresponder al mérito, la preparación y el desempeño profesional, y no al influyentismo o la discrecionalidad de los mandos superiores. Así mismo, debe garantizarse la portabilidad de todos los derechos adquiridos por sus integrantes al cambiar de corporación policiaca.
4. Promover una política sostenida y gradual de homologación Salarial y de prestaciones, de acuerdo con la carrera policial, que deje atrás la improvisación y las decisiones discrecionales de las autoridades estatales y municipales sobre el tema.
5. Revisar y modernizar el Registro Estatal de Policías, que garantice el seguimiento del personal que se mantiene en activo y de aquellos que han sido dados de baja por diversas causas y circunstancias, o se han retirado del servicio público.
6. Actualizar y fortalecer los mecanismos de control interno de cada corporación policiaca, para garantizar el seguimiento y evaluación de la conducta de los servidores públicos del área de seguridad, inaugurando una política de cero tolerancia a cualquier tipo de colusión con el crimen organizado.
7. Construir el modelo de policías de proximidad y de investigación, principalmente en los municipios, dado que las fuerzas de seguridad ciudadana son instituciones al servicio de la sociedad, privilegiando la prevención de violencias y delitos.
8. Establecer los mecanismos de coordinación del sistema de seguridad ciudadana de Jalisco, con los sistemas de seguridad pública de carácter federal, con base en lo que establece la Constitución General de la República y la Constitución Política del Estado.
9. Construir un sistema estatal de evaluación ciudadana sobre el desempeño de las corporaciones policiacas de la entidad, tanto estatales como municipales.
