NO DISCRIMINACIÓN, CULTURA DE PAZ E INCLUSIÓN SUSTANTIVA
Introducción general
En Socialismo Democrático hemos empezado a ponderar que ha llegado el momento de contribuir, desde la sociedad, a construir desde abajo una visión hacia el futuro. Por tal motivo, hemos decidido someter al debate público, a la consideración y la deliberación de las y los ciudadanos jaliscienses, al análisis y a la crítica de las organizaciones de la sociedad, este conjunto de reflexiones y propuestas que pudieran eventualmente integrar el andamiaje de una Agenda Progresista para Jalisco, en el entendido que su aplicación debe tomar en consideración que están diseñadas unas para el corto, otras para el mediano y algunas más para el largo plazo, pero también para los niveles estatal y municipal, y algunas incluso, para el nivel federal. Consideramos, que el núcleo fundamental de estas propuestas, cuando menos los contenidos comprendidos en los capítulos denominados “Carta de Derechos”, “Ciudadanía, Democracia Representativa y Democracia Participativa”, “Nueva arquitectura institucional”, “Estado social”, y, “Combate a la corrupción y la impunidad”, deberían desembocar en una inaplazable reforma constitucional integral al texto vigente, inspirada en un espíritu progresista, y sustentada en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, la cual, en caso de ser aprobada por el cuerpo legislativo, debería someterse a la consideración de los ciudadanos en un referéndum ratificatorio o revocatorio de las reformas o adiciones correspondientes, utilizando la figura de la democracia participativa de Ratificación Constitucional.
Una tarea de tal dimensión sólo será posible si se logra articular una nueva mayoría social y política en la entidad, que modifique de manera sustancial el rumbo que en los hechos le ha impuesto una alianza política de facto, la coalición encabezada por Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional. En consecuencia, para hacer posible, desde la sociedad, un nuevo rumbo compartido, se requiere la más amplia convergencia de fuerzas progresistas, partidarias de la democracia, la igualdad y la sustentabilidad. Esta es nuestra perspectiva, estas son nuestras reflexiones y propuestas.
En el año 2001 tuvo lugar la reforma al artículo 1o constitucional y se aprobó su ley reglamentaria, con lo que surgió la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, impulsada por Gilberto Rincón Gallardo y los colectivos agrupados en la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación. Con su aprobación, culminó el proceso legislativo que, por una parte, amplió de manera considerable los derechos humanos en México, y, por otra, dio origen al nacimiento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. A partir de entonces, el artículo 1o de la Constitución General de la República estipula, en su párrafo quinto, que: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por obje- to anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Sin embargo, 20 años después, y no obstante la labor del CONA- PRED, la discriminación y el racismo sistémico no han desaparecido de Jalisco y de nuestro país. Siguen existiendo distintos tipos y grados de discriminación: por género, por pertenencia étnica, por discapacidad, hacia niñas y niños, hacia los adultos mayores, hacia los migrantes, por motivos religiosos, por preferencia sexual y por condiciones de salud, como lo reveló la pandemia del Covid-19. Tan sólo, recientemente, hemos sido testigos de diversas expresiones vergonzosas de discriminación en México. Durante las caravanas de migrantes centroamericanos, realizadas antes de la pandemia, en varias ciudades mexicanas, en particular en Tijuana, observamos claras muestras de racismo y xenofobia. La emergencia de Yalitza Aparicio como actriz de cine nacional e internacional, sacó a la superficie, nuevamente, la discriminación por razones étnicas. Así mismo, el asilo político de Evo Morales refrendó que, más allá de las diferencias ideológicas y políticas, lo que está en el fondo de su estigmatización es una matriz racista, clasista y xenofóbica.
La discriminación es, por lo tanto, un fenómeno cultural arraigado, pero también estructural, pues llega a estar legitimado por las propias instituciones del Estado. Hay discriminación individual y discriminación de Estado. La primera es informal, la segunda es institucional. El racismo es el producto de la construcción de una cultura, donde el discurso de supremacía se basa en la supuesta superioridad de una raza o una etnia o de un Estado-Nación sobre los “otros”, cuyo origen es la supremacía racial, que termina por contaminar el imaginario social, es decir, darle un sentido común, convertirla en algo “natural”. Por eso la violencia racial es estructural y está normalizada, y, por lo tanto, muchas veces no es visible. El racismo es, en última instancia, una cuestión ideológica de violencia simbólica de donde se nutren la intolerancia, el autoritarismo, la impunidad, la censura y la exclusión social. Está íntimamente ligada al clasismo y su elitismo, pretende sostener para siempre un estatus de dominación sobre las clases subalternas y los considerados seres inferiores.
En Jalisco, la legitimación de la discriminación desde las instituciones del estado se expresa, principalmente -aunque no de manera exclusiva- en la procuración e impartición de justicia. El Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación (COEPRED), es, en realidad, una oficina de “adorno” en la Secretaría General del Gobierno del Estado, que carece de políticas públicas pertinentes sobre el tema. A su vez, los medios de comunicación contribuyen a la retro- alimentación de la discriminación con la generación de estereotipos de toda índole, pero, enfáticamente, en los de género, pertenencia étnica y preferencias sexuales. Así mismo, no obstante los avances en la legislación laboral, sigue existiendo la discriminación entre las trabajadoras domésticas y los jornaleros agrícolas. Por eso resulta prioritario continuar la lucha contra la discriminación, el racismo, la intolerancia, el clasismo y la exclusión social.
En tal virtud, proponemos:
- Reformar el artículo 4o de la Constitución Política del Estado y la Ley Estatal contra la Discriminación, para transformar el Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación (COEPRED), en un organismo de estado, autónomo del Poder Ejecutivo, así como también precisar la distinción entre el acto de discriminación y la sanción correspondiente.
- Institucionalizar la transversalidad de las políticas públicas encaminadas a combatir y erradicar la discriminación, en todas las secretarías del Gobierno del Estado, así como transversalizar una política integral antidiscriminación, de inclusión sustantiva y de construcción de una cultura de paz, en todas las instituciones: familia, escuela, sindicatos, organismos empresariales, organizaciones sociales y ciudadanas, medios de comunicación.
- Reformar la Ley Estatal contra la Discriminación para promover, desde los gobiernos municipales, las políticas públicas que promuevan la No Discriminación, la Igualdad Sustantiva y la Cultura de Paz.
- Dotar al COEPRED de un presupuesto anual suficiente, para promover las estrategias y acciones que impulsen la formación en la entidad de la Cultura de la No Discriminación, la Igualdad Sustantiva y la Cultura de Paz.
- Integrar, por parte de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), los programas educativos en todos los niveles y modalidades, orientados a la construcción de la Cultura de la No Discrimina- ción, la Igualdad Sustantiva y la Cultura de Paz.
- Promover, por parte del Gobierno del Estado ante el Gobierno Federal, la aplicación de la legislación federal para erradicar de los medios de comunicación, principalmente radio y televisión, los estereotipos que reproducen las visiones y prácticas discriminatorias en contra de los grupos vulnerables y que sufren discriminación.
- Reformar el Código Civil del Estado de Jalisco, para legalizar las Sociedades de Convivencia, el Matrimonio Igualitario y el Derecho a la adopción en Jalisco.
